Crítica al institucionalismo clásico como teoría: irrupciones y disputas (para)estatales por el control social

Resumen

El institucionalismo, como teoría, en sus dos orientaciones, francesa e italiana, rechaza la omnipotencia legislativa del Estado, el voluntarismo y el subjetivismo contractual, la abstracción lógico-formal y el carácter estático del derecho estatal respecto a lo social, afirmando, en contraste, la pluralidad de ordenamientos jurídicos, distintos al derecho del Estado, la preeminencia de lo colectivo sobre lo individual, la socialidad de la experiencia jurídica y el dinamismo y la concreción jurídica de los hechos, los valores y las normas (dialéctica de orden fáctico-axiológico, como manifestación del continuo cambio y la permanente estabilidad de las instituciones sociales). Institucionalmente, la relación entre el poder y el derecho se invierte, puesto que ahora no es la voluntad estatal la que ordena, soberana y normativamente, la sociedad, sino la pluralidad de entes sociales, organizados y disciplinados, los que crean y ejercen el poder. La institución es, efectivamente, una fuerza social organizada, con independencia de las finalidades que persigue, la cual se transforma en derecho. El carácter jurídico de toda institución social, ordenada y disciplinada, resulta, pues, innegable, con independencia de sus fines y de sus relaciones (de integración, de colaboración o de confrontación) con otras fuerzas que puedan afirmarla o repudiarla. Ahora, las ventajas del pluralismo jurídico resultan innegables, y, también, sus riesgos. Actualmente, la irrupción de instituciones no estatales, paralelas y subterráneas, que disputan el control de la vida individual y colectiva, amplían y dilatan el control punitivo, revigorizando viejos discursos y prácticas de disciplinarización social y punitiva (colectivistas, retributivas, informales, espontáneas, ilimitadas, desconcentradas), que ignoran, cada vez más, las garantías liberales, en nombre de la justicia popular.